Este lunes 28 de septiembre vence el plazo establecido por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana para que los funcionarios públicos entreguen sus declaraciones juradas de bienes, luego de que la entidad emitiera una prórroga hace dos semanas, debido a los retrasos presentados en la entrega de ese tipo de documento.

Hasta el momento, unos 3,617 funcionarios públicos, incluidos el presidente y la vicepresidente de la República, Luis Abinader y Raquel Peña, respectivamente, han hecho entrega del documento que avala el patrimonio que han adquirido durante su vida.

Pese a la prórroga que se otorgó para que los funcionarios pudieran estar al día con su declaración jurada de bienes, el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, informó que falta apróximadamente unos 3,000 funcionarios por entregar el documento.

Álvarez Pérez advirtió que no habrán más prórrogas y que los expedientes de los funcionarios que no hayan entregado la documentación serían enviados a la Procuraduría General de la República.

«Ya no habrá otra prorroga, hoy culmina y quien no la hizo lamentablemente nosotros vamos a mandar, como dice la Ley, el listado de las personas que no hicieron la declaración jurada», dijo el funcionario.

El presidente de la Cámara de Cuentas también reveló que donde más funcionarios faltan por entregar los documentos de patrimonio son en el poder legislativo y el área municipal.

El pasado 15 de septiembre, la Cámara de Cuentas tomó la decisión de prorrogar su resolución ADM-2020-003 de fecha 26 de mayo del año 2020, y suspender los plazos administrativos y legales con la finalidad de que todos puedan cumplir con esta obligación de rendir cuentas a pesar de la situación.

Se  recuerda que su plataforma digital ha estado dando problemas técnicos, lo que aparentemente ha impedido que decenas de funcionarios presenten sus declaraciones juradas, lo que ha sido duramente criticado por el presidente Luis Abinader, que exhortó al organismo a trabajar.

El presidente Abinader ha advertido en varias ocasiones que los funcionarios que han sido designados en su gobierno y que no entreguen sus declaraciones juradas en el tiempo establecido serían suspendidos por un período de 15 días y si vencido ese plazo aún no entregan la documentación, serían destituidos de sus cargos.